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El gobierno uruguayo “invita” a abandonar el país
a compañía española vinculada a pesca ilegal La decisión uruguaya ocurrió luego del apresamiento del pesquero “Maya V”, que pescaba ilegalmente merluza negra en aguas jurisdiccionales de Australia. Según organizaciones ecologistas, esta nave es parte de la flota pesquera vinculada con Navalmar. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos de Uruguay (Dinara), multó además a Navalmar con una suma cercana a 45.000 dólares estadounidenses. La "Internacional" de la Pesca Pirata Según la Coalición de Operadores Legales de Bacalao (Colto, en siglas inglesas), con base en Australia, la compañía Navalmar, junto a las empresas Illiad SRL, Lingont S.A., Plestin S.A., Kessel S.A. y Fadilur S.A. están vinculadas a capitales españoles y uruguayos y al grupo pesquero de Antonio Vidal, con sede en Galicia. Junto a Vidal, Colto coloca a Florindo González Corral y a Florindo González Otero, como principales cabezas de este “clan gallego” de pesca ilegal. Estos empresarios son propietarios u operadores de las empresas Pesca Cisne S.A. y Arcosmar S.A., registradas en España y Chile, publicó el diario gallego galicia-hoxe.com El “Viarsa ”que pescaba ilegalmente merluza negra en aguas de Australia, fue arrestado a fines de agosto de 2003 por la armada de ese país, con el apoyo de la armada sudafricana y de las autoridades de las islas Malvinas/Falklands, luego de ofrecer resistencia y obligar a una ardua persecución de 21 días por aguas subantárticas. En tanto el “Maya V” fue detenido a comienzos de febrero de este año cuando cometía las mismas faenas ilegales que realizaba el “Viarsa 1”. Ambas embarcaciones tenían bandera uruguaya y una tripulación mayoritariamente chilena, junto a españoles y uruguayos. La Dinara también retiró los permisos de pesca a las embarcaciones palangreras “Dorita” –también de Navalmar-, Eclipse II, Mar de Escocia, Lugalpesca, Atlantic 52 y Sherpa I. Las tres últimas embarcaciones figuran en el listado de supuestos buques piratas elaborado por agrupaciones ecologistas y de la industria , informó thefishmall.com. Reacción de ambientalistas Para Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario del Centro Ecoceanos, la medidas tomadas por el gobierno Uruguayo son “una clara señal para los países pesqueros miembros de Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCRVMA) que evitan tomar medidas a nivel de puertos, de mercado y sociales para combatir realmente las operaciones de pesca ilegal en el océano austral”. Cristián Pérez , Coordinador para América Latina de la Coalición Antártica y del Océano Austral, ASOC, indicó que “todas las medidas que de una forma u otra estén orientadas a terminar con este flagelo pueden ser vistas como un paso positivo”. Sin embargo, Pérez agregó que “las operaciones de
pesca y comercio ilegal de merluza negra que forman parte de un sistema
bastante complejo, compuesto por capitales ubicados en diversos lugares
del mundo, empresas de fachada, barcos piratas, tripulaciones y países –incluidos
algunos miembros plenos de CCRVMA–, seguramente no terminarán
con una medida de este tipo, sino cuando la comunidad internacional enfrente
este problema con una perspectiva integral con medidas concretas y aplicables”. |
