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Argentina: Siembra de soja cosecha tempestades BUENOS AIRES - El gobierno intenta mediar en busca de un acuerdo que contemple los intereses de todos, mientras el comercio ilegal de semillas crece y transnacionales de la biotecnología como Monsanto empiezan a migrar en busca de negocios más rentables con híbridos como el maíz o el girasol, que no se pueden resembrar. El área sembrada con soja en Argentina creció más de 100 por ciento en los últimos cinco años, tras la introducción de la variedad de semilla obtenida en laboratorio, resistente al herbicida glifosato. En los últimos dos años, el aumento internacional de demanda y precio potenció aun más la expansión. La ley de semillas sancionada en 1973 reconoce al productor el derecho a reservarse simiente obtenida en la cosecha para volver a sembrar en casos de plantas autógamas como la soja o el trigo. En el caso de los transgénicos, eso se interpreta como derecho a pagar patente sólo en la primera compra de semillas. Ese derecho, consolidado antes del fuerte desarrollo de los transgénicos, existe en casi todos los países, pero en algunos se limita la proporción de tierra que un agricultor puede sembrar con granos de su propia cosecha. Así ocurre en la Unión Europea, y en ese modelo está concentrada la Secretaría de Agricultura, que cree necesario controlar la expansión de semillas sin certificar. Monsanto resolvió a mediados de enero abandonar la producción de semillas de soja resistente al glifosfato, debido al aumento de la siembra sin pagarle, que según la firma no se debe sólo al "uso propio" de los productores. Según cálculos de la Secretaría de Agricultura, cerca de 20 por ciento de la superficie dedicada a la soja fue sembrada con semillas certificadas, 30 por ciento con semillas de uso propio, y el restante 50 por ciento con semillas compradas en forma irregular, sin pago de patente. Monsanto es la segunda empresa en venta de semillas certificadas luego de Nidera, otra transnacional, que tiene 58 por ciento del mercado. El resto son firmas argentinas. Ejecutivos de las demás compañías admitieron que podrían seguir los pasos de Monsanto si no se combate de manera decisiva el comercio ilegal. Fernanda González, de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), que reúne a los semilleros propietarios de patentes, aseguró a IPS que el problema no está en el derecho reconocido de los productores a reservarse semilla para resembrar, sino en el comercio ilegal que se hace con el excedente de granos. A modo de ejemplo, precisó que con una bolsa y media de semilla certificada en una hectárea se obtiene un rendimiento de tres toneladas de soja, que dan 60 bolsas de nueva semilla para resembrar unas 40 hectáreas. "Ante esta multiplicación, al semillero ya no le conviene seguir invirtiendo en investigación", arguyó. La asociación de semilleros comenzó a exigir en cada operación de venta la firma de un contrato de "regalías extendidas", que obliga al agricultor a pagar un adicional por el monto de semillas que se guarda para resiembra, y a informar sobre el destino que le va a dar al resto. Mediante una empresa consultora contratada para tal fin, los semilleros presionan a los agricultores en los campos con largos interrogatorios, y envían cartas intimidatorias para exigir explicaciones sobre el uso de las semilla obtenidas en la cosecha. Los agricultores rechazan el contrato de "regalías extendidas" y las inspecciones de los campos, que consideran al borde de lo legal. Sostienen que esas prácticas implican avasallar su histórico derecho a reservarse semillas para resiembra, e intentan sentar una nueva doctrina en el negocio de los granos. "El problema es que cuando se sancionó la ley de semillas y se estableció el concepto del derecho de uso del grano obtenido, se pensaba en pequeños productores, no en productores poderosos de 500 mil hectáreas que hacen grandes negocios con la inversión en genética que hicieron otros", remarcó González. En diálogo con IPS, el ingeniero Bernardo Laurel, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas, explicó que los productores defienden el derecho al uso propio de semilla y están en contra del comercio ilegal, también llamado "bolsa blanca" porque se realiza con bolsas de semillas sin certificado de origen-. La ley permite vender semilla excedente como grano para hacer harina o para exportar, pero Laurel admitió que algunos agricultores la venden en parte para su uso como simiente, que es ilegal. Los semilleros insisten en que los contratos de "regalías extendidas" apuntan contra ese eslabón del negocio. "En Europa, casi 70 por ciento de lo que se siembra es semilla certificada, mientras que aquí tenemos menos de 20 por ciento. El resto se compone de una parte legal, de semillas de uso propio, y otra que no lo es, y eso es algo que no le conviene al semillero que invierte en investigación y desarrollo", reconoció Laurel. La Federación Agraria Argentina, que representa a pequeños y medianos productores, en su mayoría de soja, también defiende el derecho de resiembra y asegura que no son sus asociados los que venden el excedente. "Para eso hace falta una estructura grande", dijo a IPS Jorge Solmi, coordinador de la sede en Buenos Aires de esa gremial. La organización internacional ambientalista Greenpeace, que acusa a Monsanto de "chantajear" al gobierno con la amenaza de su retiro para conseguir la aprobación de un nuevo maíz transgénico, coincidió en que los pequeños productores no venden semilla en "bolsa blanca", porque no disponen de los necesarios galpones para selección y almacenamiento, que se conocen como "cuevas". No obstante, Solmi reveló que lo más rentable para algunos productores es vender semillas a cooperativas, acopiadores o agricultores vecinos, desentendiéndose de su uso final. La semilla para siembra se paga hasta el doble que la destinada a elaborar harina o aceite. Laurel aceptó que se deben respetar los derechos de patente de quienes invierten en tecnología de semillas, pero a su juicio el problema del incremento de la semilla ilegal no es responsabilidad de los productores, sino del Estado, por su falta de controles adecuados. En 2000 se disolvió el Instituto Nacional de Semillas (Inase), que se ocupaba de controlar a todas las partes y mantenía la transparencia del negocio. Desde entonces comenzó a crecer la venta ilegal de modo descontrolado. Ahora la Secretaría de Agricultura decidió reabrir ese instituto y estudiar una solución de fondo para el problema. El Estado deja de percibir alrededor de 62 millones de dólares por año a causa del comercio ilegal de semillas de soja y de trigo, otra autógama que se resiembra, según un estudio de la asociación de semilleros que refleja la evasión en diversas operaciones que escapan al control del fisco. Desde el Inase, que vela por la aplicación de la ley de semillas, Mónica Pequeño Araujo aseguró a IPS que esa norma "es excelente" en sus bases, y brinda un marco general que se va actualizando mediante decretos reglamentarios, ante los nuevos desafíos que plantea el campo. La funcionaria informó que está "en estudio" un proyecto de "regalías globales", que prevé aplicar una tasa a la venta de cada bolsa de semilla, para crear un fondo a repartir en parte proporcional entre las empresas dueñas de patentes de semillas. Ese fondo sería administrado por la Secretaría de Agricultura. Para los semilleros esa iniciativa es aceptable, porque mantiene el espíritu de proteger la invención. Pero los productores la rechazan, y querrían que se aplique algún mecanismo que amenace el derecho de uso propio de la semilla ni establezca una nueva carga tributaria. La Secretaría de Agricultura estudia además la posibilidad de adherir al acta 1991 del tratado internacional conocido como Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), tal como reclaman los semilleros, a quienes ese acuerdo protege, al obligar a los productores a informar qué hacen con el material de reproducción. Actualmente Argentina está adherida a la versión anterior del tratado, de 1978, que protege fuertemente el derecho de los productores a reutilizar la semilla y los exceptúa de dar explicaciones. Pero el convenio de 1978 es anterior a la revolución biotecnológica, y muchos productores pequeños y medianos admiten que la batalla por mantener sus derechos corre serios riesgos de ser perdida por MARCELA VALENTE (IPS) |
