Las opciones que plantea la pesca

La situación actual del sector pesquero nos confronta hoy con la Argentina que queremos dejar de ser: aquella que deja librada al arbitrio de un funcionario circunstancial la suerte de sus recursos más importantes, en lugar de establecer reglas de juego claras que garanticen la sustentabilidad de ese mismo recurso en el mediano y el largo plazo. No debe olvidarse que cuando se trata de alimentos -como es el caso de la pesca-, al interés nacional se suma el interés de la comunidad internacional en asegurar una administración racional de los recursos.

Lamentablemente, no siempre somos conscientes del significado que tiene la pesca para el presente y el futuro de los argentinos. Inmersos en una fuerte tradición agroganadera, perdemos de vista sectores como el pesquero, que supera a muchos otros productos en valores de exportación. Cuando la opinión pública desconoce la importancia de un sector, cuando el pueblo está deficientemente informado, falla el control ciudadano y se corre el riesgo de caer en conductas irresponsables desde la administración pública.

En 1997 el Congreso sancionó el Régimen Federal de Pesca, por el cual se estableció un ordenamiento normativo que -bien aplicado- garantizaría la sustentabilidad del recurso. Pero esa ley no ha sido todavía implementada. Y, como resultado de esta dejadez, hoy se encuentran en grave peligro especies como la merluza hubbsi, la más significativa de nuestro mercado.

No hace falta ser un experto en el tema para entender cómo se llegó a esa situación. El otorgamiento de los permisos de pesca se hizo al margen de las pautas establecidas en la ley mencionada. Es decir, se hizo a través del viejo vicio de la duplicación de los permisos pesqueros, que permite el ingreso de buques que supuestamente reemplazan a otros inexistentes o que admite que aquellos que deben dejar de pescar continúen haciéndolo.

No se respetaron las recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que por ley es el referente técnico y científico de la administración pesquera nacional. Tampoco se tuvo en cuenta al Consejo Federal Pesquero ni a los otros institutos de investigación. Estos organismos se encargan de establecer la captura máxima permisible en cada caso, fijando los límites de explotación de la especie. Al no tomarse en cuenta esos límites, se llegó al extremo de duplicar, en los hechos, los niveles recomendados por las instituciones.

El Régimen Federal de pesca intentó acabar con esa falta de control, llevando el esfuerzo o capacidad de pesca hacia otras especies, pero sin mayor éxito. Quizás el fracaso sea consecuencia de la sistemática rotación de funcionarios en la subsecretaría de Pesca: diecisiete subsecretarios distintos se sucedieron desde 1989 hasta hoy. Con ese marco de inestabilidad, no resulta fácil adoptar medidas que miren más allá de una visión estrecha y cortoplacista. Es necesario hacer notar el abuso en que incurre el poder administrador cuando, violentando un principio republicano básico, desconoce la existencia de una norma sancionada por los representantes del pueblo.

Por otro lado, el funcionario que tiene en sus manos la capacidad de determinar quién pesca y cuánto, puede verse tentado a hacer un uso poco transparente de ese poder, dejando de lado las leyes que velan por los intereses de todos los argentinos. Un ejemplo del uso que se le dio a los permisos de pesca fue la campaña de publicidad de la década del 90: se inundó la ciudad de Buenos Aires con carteles que promocionaban como un logro importante el haber llegado a pescar un millón de toneladas de merluza, con un slogan que decía: "Argentina, de un país con pesca a un país pesquero". En realidad, se estaba depredando el recurso y poniéndolo en un grave riesgo de colapso. Todo eso a pesar de las reiteradas y enérgicas protestas de organizaciones no gubernamentales especializadas y de científicos de prestigio nacional e internacional. La situación no está todavía resuelta y sigue afectando los recursos argentinos y a todos los sectores que viven de la pesca.

La ley le pone un freno al oportunismo a través de un sistema de cuotas, que son otorgadas por el Consejo Federal de Pesca sobre la base de las recomendaciones que surgen de los estudios del Inidep. Este sistema es el mismo que se aplica en países como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. No se trata de innovar, sino de hacer cumplir una ley sancionada hace más de cinco años en la Argentina y de eficacia probada en países desarrollados, de reconocida seriedad en la administración de recursos sustentables.

Respetar el Régimen Federal de Pesca significa reafirmar el principio de la legalidad republicana, consolidar las competencias de cada una de sus instituciones y evitar abusos y arbitrariedades en el ejercicio del poder administrador. Al mismo tiempo, esa legitimidad otorga previsibilidad a la industria y permite planificar inversiones en el largo plazo, en el marco de seguridad jurídica que debe acompañar necesariamente al desarrollo económico y social del país.

Esta discusión sobre la aplicación o el desconocimiento arbitrario del Régimen Federal de Pesca conduce a un planteo sobre el modelo de país que queremos construir. Se trata de elegir de una vez por todas si queremos vivir o no en una sociedad republicana, donde las instituciones son las que garantizan el crecimiento. El desarrollo no puede quedar a merced del ingenio o el acierto mesiánico de un poder administrador desbordado. La primera opción garantiza la previsibilidad, la generación de empleo genuino, la riqueza y el desarrollo sustentable. La otra, en cambio, lleva a la incertidumbre y el estancamiento. La decisión es nuestra y debemos asumirla con responsabilidad.

Fuente: La Nación (Argentina)
Febrero 26, 2004