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Las relaciones con Montevideo: otro capítulo
de la pelea desatada entre Kirchner y Batlle
Conflicto con Uruguay - La instalación de una fábrica contaminante en el río
limítrofe podría generar una polémica bilateral
* El presidente oriental autorizó el emprendimiento
* El gobierno entrerriano y los vecinos de Gualeguaychú le expresarán
mañana a Kirchner su malestar
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Gestiones de Busti
La tensa relación que han mantenido la Argentina y Uruguay durante
las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Jorge Batlle
parece haber sumado otro capítulo de escándalo.
La decisión del mandatario del país oriental de autorizar
la instalación de una fábrica de pasta de celulosa -altamente
contaminante- en las cercanías de Fray Bentos, en la margen este
del río Uruguay, sin consultar en forma previa a la Argentina,
tal como indica el Tratado del Río Uruguay, agitó las aguas
en Entre Ríos. Mañana, el presidente Néstor Kirchner
será testigo directo del malestar y de la preocupación
de los vecinos de Gualeguaychú y del gobierno provincial.
Cuando el mandatario llegue a esa ciudad del sur entrerriano para anunciar
una serie de obras públicas, recibirá el pedido de audiencia
por parte de un grupo de vecinos autoconvocados que quieren saber "qué medidas
tomará el Gobierno" en el caso.
Los pedidos de la Asociación Civil de Vecinos Autoconvocados de
Gualeguaychú en defensa del río Uruguay y del gobernador,
Jorge Busti, ya llegaron a la Cancillería.
El mandatario provincial solicitó "conocer las actuaciones
y los procedimientos que ha tenido la Cancillería en el requerimiento
de documentación e informes de las autoridades uruguayas en todo
lo concerniente al respeto y cumplimiento de normativas y convenios internacionales,
nacionales y provinciales de protección del medio ambiente".
En la nota, Busti pidió al canciller Rafael Bielsa que la documentación
del proyecto presentada por las autoridades uruguayas sea enviada a la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la delegación
argentina en particular -encabezada por el diplomático Roberto
García Moritan-, para que se realice un informe pormenorizado
sobre el avance de las actuaciones y los procedimientos de la CARU, así como
de los resultados de la evaluación del impacto ambiental.
El organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores parece
ser una de las piezas clave en la historia. Según el Tratado del
Río Uruguay , la realización de cualquier obra que afecte
la navegación, el régimen del río o la calidad de
sus aguas debe ser comunicada a la CARU, que determinará en un
plazo no superior a 30 días si el proyecto puede producir perjuicios
a la otra parte.
Contrapunto
Según explicó Busti a LA NACION, Uruguay no sólo
no comunicó el proyecto, sino que ahora "se niega a discutirlo
en la CARU". De hecho, Francisco Centurión Gezn, intendente
del departamento uruguayo de Río Negro (donde se instalaría
la planta), respondió con dureza a la Declaración de Gualeguaychú,
un documento en el que se rechaza la instalación de la fábrica.
"
Aceptamos la preocupación de nuestros vecinos de la margen argentina.
No obstante, ante la modalidad y persistencia que se observa sobre la
direccionalidad de los ataques hacia un emprendimiento de singular significación
para nuestro departamento y la región inmediata [...] el pueblo
uruguayo y sus autoridades tienen la obligación de defender la
soberanía y en ese sentido mantener su autonomía en cuanto
a decidir sobre las inversiones, acciones o políticas que implementan
al interno de sus fronteras", dijo.
"
No nos metemos en soberanía ajena. También es nuestro río.
Sólo pedimos que se haga cumplir el tratado", retrucó Alejandro
Gahan, uno de los vecinos movilizados de Gualeguaychú.
Pero Busti redobló la apuesta. Tras enumerar el incumplimiento
por parte de la administración Batlle de más de una veintena
de normas internacionales, nacionales y provinciales, el gobernador dijo
que analiza la posibilidad de presentar un recurso de amparo ambiental. "No
nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo cómo contaminan el
medio ambiente", agregó.
De concretarse, la construcción de la planta demandaría
alrededor de 500 millones de euros. La preocupación entrerriana
se incrementó en los últimos meses al conocerse que además
de la empresa española Celulosas de M´Bopicuá (cueva
de murciélagos), del Grupo ENCE, ya hay otra firma interesada
en montar una planta idéntica. Se trata de la finlandesa Metsa
Botnia, cuya inversión rondaría los US$ 1000 millones y
generaría 300 puestos de trabajo.
Si se tiene en cuenta que las obras se realizarían en un sitio
del interior uruguayo, castigado por una economía en recesión
y con altos índices de desocupación, el auge de la mano
de obra sería un argumento decisivo para los defensores del proyecto.
Mientras avanzan los plazos establecidos por Uruguay para instalar la
fábrica, los entrerrianos buscan frenar lo que parece un hecho
consumado.
Por Florencia Carbone
Fuente: La Nación (Argentina)
Febrero 23, 2004
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