Aprobada la Estrategia de Lucha frente al Cambio Climático con el voto en contra de los ecologistas
El Consejo Nacional del Clima aprobó ayer la Estrategia de Lucha frente al Cambio Climático con el apoyo del 71,4 por ciento de los 49 miembros presentes en el Pleno. El resultado de la votación fue el siguiente: 35 votos a favor (71,4 por ciento), 13 en contra (26,5) y una abstención (2 por ciento).

La Estrategia aprobada contó con el apoyo de los representantes de la Administración Central, distintas comunidades autónomas y representantes de los consumidores. Por el contrario, las CC.AA. socialistas, los sindicatos y grupos ecologistas se posicionaron en su contra. Greenpeace decidió abstenerse en la votación.

Durante la reunión se leyó un comunicado de representantes de científicos, que al no poder estar presentes en el Pleno por encontrarse fuera de España, desearon manifestar su apoyo a la Estrategia por carta.

El nuevo documento incluye un total de 440 medidas con el objetivo de conocer a fondo el problema del cambio climático; impulsar el conocimiento científico de este fenómeno y sus consecuencias y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto.

El Pleno del Consejo Nacional del Clima está formado por 20 representantes de los Ministerios, 19 de comunidades autónomas, tres de la Federación Española de Municipios y Provincias, dos de la CEOE, uno del Consejo Superior de la Cámara de Comercio, dos expertos de Universidades, tres de organizaciones ecologistas, dos investigadores, dos de sindicatos y dos de organizaciones de consumidores.

El consumo de energía, según recoge la Estrategia, aumentará en un 9 por ciento en 2011 respecto a 1990, como año base, y más de la mitad será de productos petrolíferos, un 18,5 por ciento de electricidad, un 18,1 por ciento de gas y sólo un 1,7 por ciento de carbón. Las energías renovables sólo supondrán en 4,1 por ciento del consumo de energía final en 2011.

La Estrategia advierte de que el coste del cumplimiento del Porotocolo de Kioto en el caso de que sólo se redujeran emisiones con la compra de certificados ascendería a 1.000 millones de euros. En cuanto a la fiscalidad, el documento apunta la posibilidad de revisar aspectos que puedan favorecer el cumplimiento de los objetivos de la estrategia.

En el texto se señalan cinco grandes ámbitos de actuación para reducir los gases de efecto de invernadero en nuestro país: la ordenación del territorio; el ahorro y eficiencia en el consumo de energía; el uso de las mejores tecnologías disponibles en las actividades económicas; medidas fiscales que favorezcan una menor contaminación, así como la aplicación de sistemas de gestión y control ambiental en los sectores implicados.

Entre el abanico de propuestas casi 200 se refieren a la reducción de emisiones que se proponen aplicar en los sectores de energía, transporte, industria, agricultura y sector residencial, comercial e institucional. En España, la producción de la energía contribuye a las emisiones de CO2 en un 26 por ciento; el transporte representa el 24 por ciento del total emitido; la combustión industrial, un 16 por ciento; los procesos industriales, un 8 por ciento; la agricultura aporta el 11 por ciento y los residuos, un 4 por ciento, entre otros sectores.

La Estrategia propone para reducir las emisiones en el ámbito energético el impulso de la cogeneración, biomasa y biocarburantes; dotar a los centros educativos que lo soliciten de energía solar; y la obligatoriedad de que los nuevos edificios de las administraciones públicas se instale, para el suministro de agua caliente sanitaria, energía solar térmica, entre otras medidas.

En el sector del transporte, destacan como actuaciones un nuevo impulso para la renovación de del parque de turismos y otros vehículos; el avance en la mejora de calidad ambiental de los carburantes, con la apuesta por el bioetanol y el biodiesel; y el fomento de la peatonalización y del transporte público,

Asimismo, incluye la mejora del aislamiento de los edificios para aumentar la eficiencia energética; el aprovechamiento de la energía solar para la iluminación y climatización de nuevos edificios; acciones para incentivar el crecimiento de la superficie forestal y para evitar los incendios forestales.

Las comunidades en las que gobierna el Partido Socialista pusieron ocho condiciones para votar a favor de la Estrategia Nacional de lucha contra el cambio climático. La secretaria de Medio Ambiente del PSOE, Cristina Narbona, denunció esta mañana en rueda de prensa "el engaño del Gobierno del PP", que pretende aprobar una estrategia que no es tal, porque "no fija ni plazos, ni prioridades, ni compromisos presupuestarios y normativos".

Así, los consejeros de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura pusieron como condición que el documento recogiera un plan de financiación concertado con todos los gobiernos, un Plan Nacional de Asignación de Emisiones y un incremento de 150 millones para ahorro y eficiencia energética y otros 200 millones para el fomento de las energías renovables.

Las condiciones del PSOE para que "sea una Estrategia y un instrumento de planificación" incluían que sea de carácter vinculante, que cree un impuesto que grave las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que el Gobierno retire el decreto sobre energías renovables y que se traspongan las directivas europeas de fomento de energías renovables, de eficiencia energética y de comercio de emisiones.

El secretario de MM.AA. de CC.OO., Joaquín Nieto, señaló que "esta Estrategia no garantiza una reducción de emisiones que permita cumplir con Kioto". Criticó que el borrador de Estrategia no incorpora "ninguna orientación de reforma de la fiscalidad en el sentido indicado".

Nieto defendió que la Estrategia debería fijar un escenario con objetivos claros por sectores y ámbitos que reorienten las políticas hacia el cumplimiento del protocolo de Kioto, y la consideración de una reforma fiscal en profundidad basada en la introducción de impuestos sobre las actividades y fuentes de energía emisoras de CO2.

Además, CCOO pidió al Gobierno un aumento sustancial de las inversiones para desarrollar medidas que sirvan para reducir las emisiones y destinar 1.000 millones anuales de euros, frente a los 200 actuales, para la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012; 200 millones anuales de euros, frente a los 41 actuales, para el Plan de Fomento de Energías Renovables; y la elaboración de normativa legal que imponga a las compañías eléctricas la obligación de destinar 250 millones de euros anuales a programas de gestión de la demanda.

Greenpeace señaló las prioridades de actuación que tendrá que adoptar el Gobierno para cumplir con Kioto: elaborar el Plan de Asignación de derechos de emisión, poner en práctica as medidas contempladas en la Estrategia y revisar y cambiar el rumbo de todas las políticas sectoriales que inciden en el cambio climático.

Sobre el contenido de la Estrategia, Greenpeace ha destacado que, de las 121 propuestas ecologistas de modificaciones al texto que presentó el Gobierno, se han aprobado un 68 por ciento. Además, las políticas y medidas que recoge la Estrategia incorporan el 70 por ciento de las 126 que propusieron los ecologistas para combatir las causas del cambio climático.

WWF/Adena por su parte dice que la estrategia "no garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales de España de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, responsables de este cambio que amenaza a toda la humanidad".

Fuente: Andalucía 24hs (Andalucía - España)
Febrero 10, 2004