Las empresas tendrán que ser transparentes sobre sus emisiones contaminantes

Madrid, 14 ene .- La transparencia también ha llegado al impacto medioambiental de las empresas españolas. Desde el ejercicio 2003, las instalaciones industriales tienen que comunicar cada año a la Administración sus emisiones contaminantes. Esta información se recoge a través de las autoridades ambientales de cada comunidad autónoma, que a su vez, la envían al Ministrio de Medio Ambiente. Éste ha creado el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, denominado EPER.

Se trata de una consecuencia directa de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, conocida por sus siglas en inglés IPPC. Esta ley, que transpone una directiva europea, entró en vigor el 1 de julio de 2002. Su objetivo es asegurar el control de los impactos ambientales de las industrias sobre el aire, agua y suelo.

Límites

En España, cada sector industrial deberá ajustarse a unos límites contaminantes que no podrá superar. Para ello, las instalaciones deberán implantar tecnologías limpias, conocidas como mejores técnicas disponibles, que se establecerán a nivel europeo para cada sector de actividad.

Un total de 5.500 empresas españolas están afectadas por la Ley IPPC. La reconversión de la industria española exigirá una inversión de entre 855 millones de euros y 2.000 millones de euros, según datos de la Fundación Entorno.

Las instalaciones industriales tienen hasta 2007 para cumplir las exigencias establecidas legalmente y, por lo tanto, para acometer su reconversión e implantar tecnologías limpias.

La ley crea un sistema de autorización ambiental integrada, a través de una ventanilla única ambiental en cada autonomía, que unificará todos los permisos que una empresa debe tener en materia ecológica.

Si una empresa no se ajusta al contenido de esta autorización, podrá ser sancionada con multas de hasta dos millones de euros e, incluso, con el cierre de las instalaciones.

Sin embargo, aún existen trabas burocráticas para que la IPPC sea totalmente operativa. Algunas autonomías como Cataluña y País Vasco han creado sus propios registros EPER. El caso catalán es, además, el único que ya cuenta cuenta con una ventanilla única ambiental.

Blanca Bonilla, directora de proyectos de la Fundación Entorno, asegura que 'las empresas se han movido más rápidamente que las autoridades ambientales'.

Según Bonilla, existen varios acuerdos voluntarios suscritos entre autoridades ambientales de autonomías y asociaciones empresariales para contribuir al cumplimiento de la IPPC. Es el caso del sector cementero, a través de su patronal Oficemen; el papelero (Aspapel); el del cloro y sosa (ANE), y el vidriero (Anfevi).

Nuevas obligaciones económicas

- La Ley de Control Integrado de la Contaminación obliga a las empresas a obtener una autorización ambiental que fijará unos límites contaminantes para cada actividad industrial y las mejores técnicas disponibles que deben usarse para no superarlos.

- Los sectores afectados por la IPPC son la generación de energía térmica, la producción y transformación de metales, la industria química y mineral, gestión de residuos, el sector papelero, el cementero, el textil el cuero, el agroalimentario y el ganadero.

- Las autonomías pondrán en marcha un sistema de autorización ambiental integrada, a través del cual las empresas obtendrán un permiso antes del 30 de octubre de 2007.

Fuente: Expansión - (España)
Enero 14, 2004