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La Comisión Europea toma acciones legales contra España
y otros países por el impacto ambiental La Comisión ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia 'debido a los defectos que presenta la legislación española introducida para aplicar la directiva', precisa el Ejecutivo comunitario en un comunicado. La Comisión estima que 'la normativa española no da garantías para la debida información pública sobre las decisiones ante proyectos ya sometidos a la evaluación de impacto ambiental'. 'Su preocupación se centra igualmente en que la legislación española únicamente aplica los requisitos de la directiva a los proyectos presentados para su aprobación después del 8 de octubre de 2000, cuando la fecha que fija la Directiva, el 14 de marzo de 1999, tiene una anterioridad superior a un año', indica la Comisión. A preguntas de los periodistas, un portavoz comunitario precisó hoy que estas acciones no tienen relación alguna con el impacto medioambiental del trasvase del Ebro. Además, Bruselas ha enviado a Bélgica una solicitud formal para que acate una sentencia de 2002 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por no haber promulgado la legislación nacional necesaria para aplicar la normativa EIA. El mantenimiento de la situación podría dar lugar a la imposición de sustanciosas multas a Bélgica, alerta la Comisión. Bélgica y el Reino Unido han recibido requerimientos escritos instándoles a mejorar su aplicación de la legislación de EIA. La directiva sobre evaluación del impacto ambiental tiene por objetivo proteger el medio ambiente exigiendo que los efectos medioambientales de los proyectos se analicen antes de su aprobación y garantizando una consulta pública previa. Con estas medidas, la Comisión 'demuestra' su firme resolución de que se apliquen las medidas de protección previstas en la directiva. Refiriéndose a estas decisiones, la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, subrayó que 'la evaluación de impacto ambiental es un medio importante de poner sobre aviso a las autoridades sobre los efectos potenciales de los proyectos en el medio ambiente y en la población'. 'Insto a Bélgica, Italia, España y el Reino Unido a que doten a la evaluación de impacto de la legislación adecuada y a que la lleven a cabo correctamente', indicó. La Comisión ha enviado al Reino Unido un último requerimiento escrito por considerar que la legislación británica no cubre debidamente la realización de proyectos en tierras de propiedad estatal. El Ejecutivo comunitario ha enviado igualmente un último requerimiento escrito a Italia dado que su actual legislación sobre evaluación de impacto excluye las instalaciones de recuperación de residuos, a las cuales se permite operar conforme a un régimen de autorización simplificado. La Directiva EIA es un importante elemento de la legislación medioambiental comunitaria, subraya la Comisión en el comunicado. Esta normativa exige a los Estados miembros realizar evaluaciones de impacto ambiental (EIA) sobre determinados proyectos públicos y privados, antes de ser autorizados, cuando se cree que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente. Para proyectos tales como autopistas, aeródromos y centrales nucleares, las evaluaciones son obligatorias. Para otros, tales como los urbanísticos, turísticos y de actividades recreativas, los Estados miembros deben poner en práctica un sistema de selección que permita determinar cuáles han de someterse a la evaluación. El objetivo de una EIA es determinar y describir los efectos medioambientales de los proyectos y evaluar si conviene aplicar medidas preventivas o de atenuación. La legislación nacional necesaria debería haberse aplicado
ya en julio 1988, recuerda Bruselas. |
