Un Código en agua de borrajas

Durante largo tiempo se vino reclamando, en la provincia de Buenos Aires, el dictado del Código de Aguas, con el objeto de disponer de un instrumento que permitiera ordenar todas las situaciones concernientes al empleo de aquellos recursos, en torno de los cuales suelen verificarse conflictos de compleja dilucidación. Se suponía que, al contarse con aquel instrumento, podría allanarse el camino hacia las soluciones más adecuadas.

SIN embargo, de recientes manifestaciones de un entendido en la cuestión -abogado, productor agropecuario y ex dirigente gremial del sector- surge que el panorama dista de ser el pretendido, por cuanto el referido código está vigente, pero no rige, por el simple motivo de no haber sido reglamentado. En consecuencia, "es imposible hacerlo operativo en forma inmediata", de acuerdo con las expresiones del doctor Juan Pedro Merbilhaá, ex presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

Al disertar en una reunión organizada por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), señaló que cuando se habla de la autoridad del agua, "en realidad, se hace referencia al uso político de algunos institutos que figuran en el Código de Aguas y no de una verdadera reglamentación del uso del recurso", con lo cual se habría frustrado, en su etapa ejecutoria, la iniciativa de poner en marcha una serie de normas tan esperadas como importantes.

Dijo el doctor Merbilhaá que el órgano de autoridad directa en las cuestiones relativas al uso del agua en la provincia de Buenos Aires es la Dirección de Hidráulica. Sin embargo, cuando particulares consultaban sobre canalizaciones o desviaciones practicadas para beneficio propio, en aquel organismo se negaba su poder de policía, o sea que se generaba un vacío con respecto a la intervención estatal frente a las referidas anormalidades.

La inmediata consecuencia -afirmó- es que, al no encontrarse respuestas, se planteaban los consabidos juicios contra el Estado que, en la generalidad de los casos, terminaban siendo desfavorables para éste. Se intentó clarificar la cuestión a fines de octubre, cuando se dictó una resolución que fijó un procedimiento simplificado de denuncia y constatación de las obras consideradas clandestinas. Sin embargo -dijo Merbilháa-, ello podría ser contraproducente para el Estado "porque todos sabemos que gran parte de las obras clandestinas fue autorizada de palabra y, en algunos casos, se hizo por cuenta de los mismos municipios o de los amigos del poder".

Las tajantes declaraciones que nos ocupan ponen sobre el tapete una clara irregularidad en torno del manejo de las aguas en el territorio bonaerense -justamente en un período donde el problema de las inundaciones es acuciante-, que exigen una perentoria respuesta de las autoridades correspondientes, a los efectos de explicar las situaciones denunciadas y justificar, si cabe, la demora en poner efectivamente en vigencia el referido código.

Fuente: La Nueva Provincia (Buenos Aires, Argentina)
Diciembre 10, 2002