|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
Informe categórico La afirmación fue realizada ayer durante la presentación del informe -que adelantó anteayer LA NACION- sobre la cuenca, realizado por esa dependencia con la colaboración de la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación Ciudad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca, entre otros. "En cualquier momento nos vamos a despertar con la noticia de que la emergencia ambiental está en las puertas de nuestras casas", alertó Mondino. Es que, según el informe sobre la situación del río, las proyecciones indican que en diez años el 14 por ciento de la población (unos cinco millones de habitantes) argentina residirá en la cuenca y sufrirá las consecuencias de la contaminación. Durante la presentación también se hizo referencia a la utilización del crédito de 250 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó en la década del 90 para el saneamiento del Riachuelo. "Como la Argentina no ejecutó ese crédito en su totalidad, debió pagar seis millones en concepto de tasas de compromiso, es decir, multas por no usar el préstamo, reasignándose unos 150 millones de dólares para planes sociales." El funcionario precisó que si las condiciones siguen como hasta el presente "será la Justicia la que ordene llevar adelante nuestra tarea". "Mamarracho jurídico" Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay, titular de la FARN, se refirió al complejo sistema normativo y jurisdiccional que afecta a la cuenca. "Hay 55 normas de diferentes jerarquías, nueve entes nacionales, ocho de la provincia de Buenos Aires, ocho de la ciudad autónoma y 14 municipios que tienen jurisdicción sobre el área. Es un mamarracho jurídico gravísimo", sostuvo. Y agregó que la falta de voluntad política para realizar estudios epidemiológicos está vinculada "seguramente con la necesidad de ocultar la comisión de delitos". "Nosotros queremos la restitución del daño ambiental, no las multas. Las empresas que dañan deben hacerse responsables y devolvernos el río en condiciones de salubridad", declaró Alfredo Aberti, presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de La Boca. Los datos recogidos en el informe apoyan este pedido. Más del 50% de los menores de entre 7 y 11 años que viven en Villa Inflamable, en el Polo Petroquímico de Dock Sud, tienen niveles alarmantes de plomo en la sangre, según un estudio realizado por la agencia de cooperación japonesa JICA. En tanto, a lo largo de la cuenca se encontraron en el suelo, en el aire y en el agua plomo, mercurio, cromo, xileno, etilbenceno, tolueno y toda una serie de contaminantes de metales pesados. A ello se suma la existencia de más de cien basurales clandestinos en la región, que ocupan 400 hectáreas. Las conclusiones del informe (que se puede leer completo en www.defensor.gov.ar ) recomiendan un acuerdo entre los niveles de gobierno involucrados que permita la constitución de una autoridad de cuenca dotada de plena autonomía, autarquía, regulación y control. Y solicita un estudio de impacto ambiental integral, la actualización de los ya existentes, que datan de 1995, y un relevamiento de impacto actualizado de tóxicos ambientales sobre la salud de la población. Laura Rocha |
