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Diputados descubren criadero irregular de camarones en Natal El criadero no tenía la licencia ambiental necesaria por ser el manglar definido como Área de Protección Permanente por el Código Forestal. El diputado João Alfredo (PT/CE), redactor del grupo de trabajo, estaba acompañado de representantes del Ministerio Público federal y estatal, del Instituto Brasilero de Medio Ambiente (Ibama), de la Compañía de Protección Ambiental de la Policía Militar y de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía del Estado, además de los órganos de medio ambiente de la Asamblea Legislativa del Estado y de la Cámara Municipal de Natal. El grupo encontró hasta cartuchos de escopeta en el lugar, denotando el clima de tensión que existe entre los dueños del emprendimiento y la comunidad local de pescadores. El problema La Comisión de Defensa del Consumidor, Medio Ambiente y Minorías de la Cámara de Diputados aprobó en abril la petición para la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de analizar los impactos ambientales de la piscicultura en la zona costera de las regiones norte y noreste. Las haciendas de criadero de camarones causaron varios problemas, entre ellos la escasez de agua para consumo de la comunidad donde se sitúan, ya que los viveros necesitan de gran cantidad de agua y además devuelven el agua utilizada con sustancias que van a contaminar los manantiales. Además, los emprendimientos han sido implementados en áreas de manglares, protegidos por legislación federal ya que constituyen un ecosistema rico en especies acuáticas marinas y continentales, en contradicción con la escasez del semiárido. Finalmente, el manglar es un área de desbordamiento de las aguas para evitar inundaciones y desamparados en las áreas de riesgo. El noreste ocupa el primer lugar en la producción de camarón marino cultivado en Brasil, y Ceará es el principal estado productor (según datos del 2002). La devastación causada por la instalación desordenada de las haciendas es blanco de denuncia protocolaria en la Fiscalía de la República. Para agravar la situación, el gobierno y los órganos ambientales no poseen un sistema de control de la actividad, tanto en lo que se refiere a la calidad del agua como en lo que respecta a la propia actividad de la piscicultura. por ADITAL - Con informaciones de la asesoría del diputado João
Alfredo (PT/CE). |
