|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
La calculada ambigüedad rusa ante el tratado de Kioto El 11 de diciembre, los asistentes a la IX Conferencia del Cambio Climático (COP-9), en Milán (Italia), celebraron el sexto aniversario del Protocolo de Kioto con una gran torta. No había, sin embargo, demasiadas razones para el optimismo: la Conferencia finalizó un día después sin un compromiso para la entrada en vigor de Kioto. El protocolo de Kioto contra el Cambio Climático contiene objetivos legalmente obligatorios para que los países industrializados disminuyan las emisiones de los seis gases de efecto invernadero (el principal, el dióxido de carbono) que provocan el calentamiento global. El objetivo es reducir para el periodo 2008-2012 estos niveles en un 5,2% respecto a las cifras de 1990. Como decíamos, el Protocolo no se encuentra todavía en vigor. Lo hará 90 días después de que lo ratifiquen al menos 55 países que sumen el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, 120 países lo han ratificado, pero sólo generan el 44% de las emisiones; y, entre ellos, sólo dos de los seis grandes contaminantes mundiales: la Unión Europa y Japón. India y China, como países en vías de desarrollo, no tienen obligación de reducir sus emisiones en el primer periodo de cumplimiento. Por tanto, las ausencias de Estados Unidos, que genera el 36,1% de las emisiones del Planeta; y de Rusia (17,1%) impiden el despegue definitivo de Kioto. Rusia ha sido el centro de atención durante la Conferencia. Descartado por completo que Estados Unidos ratifique el Protocolo –se desmarcó claramente de él hace dos años-, Moscú tiene la llave de la entrada en vigor. Y, por tanto, vende caro su apoyo con una postura ambigua y, en ocasiones, contradictoria. Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), el primer ministro ruso Kasyanov declaró que su país ratificaría pronto Kioto. El presidente Putin confirmó posteriormente dicha intención. Sin embargo, en octubre de este año, Putin aseguró que el aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático no vendría mal a un país como Rusia porque así gastarían menos en abrigos de pieles y ropa para el frío. En la reciente Conferencia de Milán, Rusia echó un jarro de agua fría a los optimistas. El consejero económico del presidente, Andrei Illarionov, aseguró que Rusia no puede ratificar Kioto “en su forma actual” porque su cumplimiento “ralentizaría nuestro crecimiento económico”. Es decir, el Kremlin exige cambios en el texto que le beneficien. “La declaración que hice repetía textualmente lo que dijo el presidente Putin tras reunirse con representantes de la Unión Europea”, explicó Illarionov dos días después para aclarar que no se trataba de una opinión personal. En la postura de Rusia pueden influir varios factores. Por un lado, la política interna: Putin afronta unas elecciones presidenciales en marzo de 2004, por lo que se descarta que Rusia ratifique el Protocolo antes de esa fecha. Por otra parte, las resistencias de los potentes lobbies de los sectores del petróleo y del gas, reacios a que la enorme industria basada en el empleo de combustibles fósiles heredada de la época soviética ceda paso a un modelo energético sostenible. Todo parece indicar, asimismo, que las posturas son divergentes dentro de la propia Administración de Putin (algunos de sus portavoces dicen que el calentamiento global es positivo para el país porque expandirá las zonas cultivables). Otro factor podría ser la presión de Estados Unidos. Fue precisamente un desmentido a destiempo de portavoces norteamericanos lo que desató las sospechas al respecto. Sin dejar de ser cierto lo anterior, cada vez cobra más consistencia la hipótesis de que Rusia mantiene una estudiada estrategia de llevar la negociación al límite como posición de fuerza ante su anhelada entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC). “No se puede mercadear con la ratificación: sería abrir la Caja de Pandora”, aseguraba bajo anonimato un responsable europeo en la Cumbre. Según distintos especialistas, Rusia pretende una serie de concesiones por parte de la Unión Europea, que exige una subida del precio de la energía en el mercado interior ruso. La gran paradoja es que Rusia no debería tener en principio grandes dificultades para cumplir el Protocolo que únicamente le obliga a estabilizar las emisiones de gases en los niveles de 1990. La gran ventaja rusa es que su inventario de gases se ha reducido en este periodo un 38 por ciento a consecuencia del desplome de su actividad industrial. Rusia podría, por tanto, obtener a corto plazo importantes sumas de dinero por la venta de derechos de emisión de gases que serían comprados por las naciones ricas que rebasasen el listón que les asignó Kioto. A largo plazo, sin embargo, el resurgimiento de su actividad industrial le podría suponer mayores costes económicos. Otro motivo que tendría Rusia para dar el sí definitivo a Kioto serían las consecuencias medioambientales del calentamiento global en su propio territorio. Según el estudio de la Oficina Meteorológica de Reino Unido “Cambio Climático y sus impactos: una perspectiva global” el permafrost (la capa helada permanente que cubre casi dos tercios de Rusia) está mostrando señales de deshielo. Este hecho podría provocar graves daños en los bosques, edificios e infraestructuras. Y, sobre todo, en algo que importaría mucho al presidente Putin: oleoductos y gaseoductos. Además, la productividad agrícola se podría reducir entre un 10 por ciento y un 40 por ciento. “Ciento veinte países están listos para mudarse
a la casa de Kioto. Sólo falta que Rusia ponga la llave”.
De esta simbólica manera, el coordinador en Rusia del Programa
de Cambio Climático del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
Alexey Kokorin, explicaba el sentir mayoritario de la comunidad internacional.
La Conferencia de Milán finalizó, sin embargo, sin la ratificación
rusa. Una vez más, los intereses económicos se impusieron
a la necesaria protección del medio ambiente. |
