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Audiencia Pública por los contratos de concesión
en la ciudad Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos porteños de la licitación para la recolección de la basura es quién se encargará de controlar a las empresas concesionarias. Así lo demostra ron en la audiencia que se realizó ayer en el Teatro General San Martín, donde vecinos, funcionarios, candidatos a jefe de gobierno y cartoneros tuvieron cinco minutos para dar su opinión sobre el pliego que preparó el Gobierno de la ciudad. La audiencia empezó con casi una hora de demora. El secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Eduardo Epszteyn y la diputada María Laura Leguizamón fueron los encargados de presidir el encuentro. Primero hubo una presentación corta del pliego y luego se anunció a los primeros oradores, que debieron esperar unos minutos para subir al escenario . La diputada Vilma Ripoll denunció que el orden de las listas había sido cambiado. El resto del público coincidió. Y todo tuvo que empezar de nuevo. En total se habían anotado para hablar 169 personas; 143 vecinos y 26 expositores —funcionarios, legisladores y candidatos—. Pero concurrieron sólo 56 vecinos y 13 expositores. El Gobierno de la ciudad paga 160 millones por año por la recolección de la basura en la Ciudad. Según un estudio que preparó la facultad de Ingeniería de la UBA, en la Ciudad se recolectan un promedio de 5.000 toneladas diarias. La concesión de ese servicio tuvo varias prórrogas pero finalmente venció en febrero de este año. Pero hasta que no se resuelva la licitación, el servicio sigue a manos de empresas privadas. Al Gobierno porteño le interesa cerrar la licitación antes de que termine su gestión. Pero esta audiencia fue sólo uno de los pasos que todavía le falta dar. La audiencia no es vinculante, es decir que se podrá tomar algunas de las propuestas de los vecinos para incorporarlas al pliego, cuya redacción definitiva no estará lista antes de un mes. La ruta de los contratos sigue en la Legislatura, que deberá aprobar la propuesta del Ejecutivo. Y después otra audiencia pública, y el regreso final a la Legislatura. El pliego propone varios cambios para la nueva licitación. Por ejemplo, la Ciudad pasará a estar dividida en seis zonas en lugar de cinco, como hasta ahora. Además, las empresas que se encarguen de este servicio deberán tener una planta de separación de residuos. Ya no se pagará por tonelada de basura, sino por zona limpia. Esos fueron tres de los puntos más cuestionados por la mayoría de los expositores. El pliego tampoco establece que las concesionarias de basura sean controladas por el Ente de la Ciudad, que es el organismo encargado de controlar los servicios públicos. En cambio, propone un sistema de control vecinal por medio de encuestas que realizarán las mismas empresas. Uno de los primeros en hablar fue José Luis Di Lorenzo, interventor de ese Ente. "Un pliego no puede ignorar ni anular un organismo que fue creado para controlar y garantizar la calidad del servicio que se les da a los vecinos de la ciudad. La consulta vecinal no tiene el poder de sancionar a las empresas", se quejó. "Nadie nos garantiza que la calidad del servicio se respete. Adónde irán a parar nuestras quejas si las encuestas están a cargo de las mismas empresas que concesionan el servicio ", dijo con indignación Graciela Torre, una vecina de la zona de Palermo que se acercó al San Martín. A su turno, el defensor adjunto del Pueblo, Antonio Brailovsky, advirtió que "en este pliego no se toman en cuenta los residuos peligrosos y patológicos; se los considera faltas leves y no se establece ningún mecanismo de control". Por su parte, Marcelo Ramal, candidato del Partido Obrero a jefe de Gobierno, sostuvo: "Cambian el concepto de pago por tonelada por el de área limpia porque en los últimos 2 años, con la devaluación, el ingreso de los contratistas cayó un 25%". Los cartoneros también estuvieron presentes en el teatro. "El negocio del reciclado de toda la basura — orgánica e inorgánica— tiene que seguir siendo de los cartoneros y este pliego no reconoce los derechos que hemos adquirido. Queremos una gestión integral de recolección que garantice la creación de empleos", dijo uno de los cartoneros de la cooperativa El Ceibo, de Palermo. "Los recolectores informales son perfectos docentes sociales, que han enseñado a la sociedad lo que significan los residuos y su reciclaje. Estos pliegos no contemplan a los cartoneros del modo en que pretendemos. Así que pedimos que se adapten a la ley aprobada, y no al revés", sostuvo el diputado Eduardo Valdés. Costanza Durán Fuente: Clarín (Argentina) |
