|
Petrolera argentina denuncia Estado paralelo en
Ecuador
Indígenas amazónicos prácticamente han constituido
un estado paralelo dentro del país que impide la explotación
petrolera en Ecuador, denunció el jueves la empresa argentina CGC.
"El contrato de participación (firmado) con el estado ecuatoriano
... se encuentra paralizado hace casi una década", dijo en
rueda de prensa el vocero de esa empresa, Diego Sherriff.
Atribuyó la situación a "la existencia de un estado
dentro de otro estado".
Expresó que "firmamos un contrato con el estado de Ecuador,
no con la república de Sarayaku, por denominar de alguna manera
a esta especie de estado que se gesta dentro de la república de
Ecuador".
Aseguró que una parte de los indígenas de la comunidad quichua
de Sarayaku, unas 1.500 personas, sistemáticamente han impedido
el trabajo de esa petrolera aduciendo la defensa de la ecología
e incluso negando en enero el ingreso a la zona de una delegación
del gobierno que buscaba la mediación.
Señaló que entre las prácticas utilizadas por el grupo
indígena para paralizar el trabajo petrolero están el secuestro
de 29 técnicos y trabajadores entre 1996 y el 2002, cuando se suspendió
definitivamente el trabajo en el sitio.
Aunque los delitos fueron denunciados ante las autoridades el estado "no
asumió su rol", afirmó.
Esos indígenas tienen fuertes vínculos con organizaciones
ecologistas y turísticas nacionales e internacionales, las cuales
incluso financian las actividades de los dirigentes indígenas, denunció.
Se preguntó si "¿firmamos un contrato con el dueño
o no de los recursos del subsuelo?, por lo manifestado pareciera ser que
no".
"La verdadera magnitud del tema es que no tuvimos en todos estos años
garantía del estado", dijo.
Precisó que desde 1996, cuando se suscribió el contrato de
exploración y explotación de petróleo en el bloque
23 con el estado, han invertido alrededor de 17 millones de dólares.
Al menos 3 millones se destinaron para la ejecución de obra pública
que por obligación le correspondían al estado.
El gerente de esa empresa, Ricardo Nicolás, no descartó "emprender
acciones legales en el mediano plazo si la situación se mantiene".
El bloque 23 tiene 200.000 hectáreas y se encuentra en la zona suroriental
de la selva amazónica ecuatoriana, a unos 210 kilómetros
al suroriente de Quito.
El subsecretario de Hidrocarburos, Luis Calero, consultado acerca del problema
denunciado por la CGC dijo que esa empresa para evitar problemas "debió
haber celebrado acuerdos con las comunidades para desarrollar sus actividades".
Añadió que "el gobierno ha estado preocupado del problema,
por eso conformó una comisión ... que por falta de coordinación
no pudo ingresar a Sarayaku".
Sherriff aseguró que la CGC ha suscrito convenios con 26 de las
28 comunidades de la zona, entre shuar, achuar y quichuas.
Fuente: DFW
Abril 11, 2005
|
