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DESPUES DE LAS ACUSACIONES DE UNA EX FUNCIONARIA Lo dijo varias veces. Lilita Carrió está convencida de que el "ajuste estructural" a que es sometida la Argentina ahora pasa por despojarla de sus recursos naturales. Así fue que encomendó a sus fieles investigar el sector pesquero. Un resultado preliminar de ese informe se conoció ayer. Para el ARI, la política oficial está plagada de ilícitos y fue "altamente perjudicial para la sustentabilidad de los recursos y los intereses del país". La extensa investigación se conoció un día después de que Nelly Videla, ex interventora de la Dirección de Pesca, había relatado a Clarín diversas irregularidades que se habrían cometido en la Subsecretaría de Pesca, a cargo del santacruceño Gerardo Nieto. Anoche esas denuncias fueron desmentidas por la Secretaría de Agricultura, mientras que los senadores de la UCR elevaron un pedido de informes al Gobierno. Varios legisladores del ARI, por su parte, venían investigando al sector. Unas semanas atrás ya habían denunciado la presunta vinculación entre la empresa Conarpesa, la pesquera más grande del país, y el presidente Néstor Kirchner. En el nuevo informe añaden datos sobre esa relación. Pero van más allá: apuntan a ventilar "la corrupción estructural" en un sector que exporta por 850 millones de dólares anuales. El informe ubica el comienzo de estas irregularidades en los noventa, cuando Carlos Menem era presidente y el gobernador bonaerense Felipe Solá su secretario de Agricultura. Pero asegura que "el sistema implementado por la gestión Menem-Solá sigue vigente en la actualidad". Así, se denuncia que las autoridades han venido violando "sistemáticamente" la Ley Federal de Pesca, sancionada en 1997, ya sea a través de la concesión irregular de permisos de pesca, la inacción frente a las infracciones, o la fijación de cupos de pesca que pusieron en peligro la sustentabilidad de las especies, sobre todo de la merluza común. El informe ensaya una explicación: "La actividad se encuentra concentrada en grandes grupos económicos que operan en connivencia con los distintos funcionarios de turno". El ARI denunció así "la designación de varios miembros de cámaras empresarias al frente de organismos". El informe da ejemplos: Eduardo Auguste, un subsecretario del menemismo, sería dueño de un barco, el Alvamar VII, y socio de CAPECA, una cámara del sector. Oscar Fortunato, subsecretario en Buenos Aires, era dirigente de otra entidad empresaria, CEPA. —¿Cuál sería la responsabilidad del Gobierno? —se le preguntó a un dirigente del ARI. —No estamos diciendo que el actual gobierno sea parte. Decimos que convive con ella y no hace nada para enfrentarla. Matías Longoni - mlongoni@clarin.com Fuente: Clarín (Argentina) |
