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La responsabilidad ambiental en el Derecho Internacional Dr. Miguel Reyes Ramírez El vertiginoso desarrollo tecnológico ha convertido al mundo en una aldea mundial, en donde los pueblos se comunican instantáneamente sobre lo ocurrido a miles de kilómetros. En términos de desarrollo y pobreza, el abismo entre los países que poseen esa tecnología y los que carecen de ella, se agranda cada día. Sin embargo, el desarrollo no ha venido aparejado con armonía entre tecnología y medio ambiente, lo que ha provocado que el equilibrio ecológico mundial esté seriamente amenazado. La solución radica en una utilización racional de los recursos naturales, cuya observancia solamente es posible garantizar mediante el perfeccionamiento de la normatividad internacional, común a todos los países que integran el planeta. En este terreno todavía hay mucho camino por andar. En este trabajo se exloran algunos aspectos, como la responsabilidad en el Derecho Público Internacional, la contaminación transfronteriza; las obligaciones de los Estados de proteger el ambiente, la contaminación masiva considerada como crimen internacional; y las consecuencias de la responsabilidad internacional. La Responsabilidad en el Derecho Público Internacional Uno de los aspectos más importantes del Derecho Público
Internacional es la responsabilidad internacional. La evolución
para su perfeccionamiento es constante, y su carácter es fundamentalmente
consetudinario; esto es, son normas creadas a partir de la costumbre, y
desde hace años se trabaja sobre su codificación en la Comisión
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDINU). Este concepto
también se aplica a la protección del ambiente, conocido
por algunos como Derecho Internacional del Medio Ambiente. La doctrina
reconoce que existe responsabilidad cuando existe una obligación
internacional y, una violación de esa obligación, es atribuida
a un sujeto del Derecho Internacional. Por su parte, los partidarios de esta doctrina ven en esta diferenciación dos conceptos distintos: responsabilidad y daño, aunque sostienen que no se contraponen, sino que ambos coexisten. Existen casos en que puede darse la responsabilidad sin mediar el daño; por ejemplo, la responsabilidad derivada de la ausencia de una legislación cuando exista la obligación de tenerla, o bien el vuelo de un helicóptero violando la soberanía de un Estado. También existen numerosas reglas del Derecho Internacional que requieren que el daño se haya producido como premisa para que surja una responsabilidad, pero no se considera un elemento constitutivo. Asimismo, existe la concepción de la responsabilidad objetiva que se refiere a la responsabilidad sin culpa del Derecho interno. En esta modalidad, los elementos fundamentales son el resultado y el vínculo entre el comportamiento y el efecto producido. Estas normas, todavía en formación, presentan una serie de problemas aún sin solución. Es importante destacar que las nociones de responsabilidad internacional son aplicables a la responsabilidad proveniente de la violación de las normas del Derecho Internacional del Medio Ambiente, lo cual queda ilustrado con el caso Trail Smelter, acaecido en 1941, cuya resolución estableció el principio de que la violación de una regla jurídica internacional entraña la responsabilidad del sujeto de Derecho Internacional a quien se le imputa dicha violación. En materia de responsabilidad por contaminación se presentan todavía algunos problemas. El profesor Alexander Kiss, especialista en Derecho Internacional del medio ambiente, señala que tratándose de la violación de una norma internacional que protege el medio ambiente, existe una responsabilidad del Estado violador y, en consecuencia, un Estado u organización internacional pueden presentar una reclamación; pero el verdadero problema se presenta cuando se habla de perjuicios causados al medio ambiente de espacios sujetos a la comptencia de todos los Estados como en alta mar, los fondos marinos, el espacio aéreo internacional, el espacio cósmico, y la Antártida. Frente los daños que se causen al patrimonio común de la humanidad, surje la pregunta ¿quién está legitimado para demandar la responsabilidad? La respuesta es parcial, ya que solamente la III Conferencia sobre el Derecho del Mar, de acuerdo al artículo 145, al referirse a los fondos marinos, concede dicha legitimidad a la autoridad. De acuerdo a Kiss, quizás encontremos la respuesta en el argumento que señala que, tratándose de espacios donde existe un interés general, corresponde a todos y cada uno de los Estados reclamar la responsabilidad internacional. Es posible que la falta de claridad sobre este aspecto exija de un acuerdo multilateral para consolidar esta norma. Otro de los aspectos que adolecen también de claridad, es el referente a la capacidad que pueda tener un individuo para demandar el resarcimiento de daños causados por otro Estado en el medio ambiente, si el Estado al que pertenezca el individuo en cuestión no ejerce acción alguna. Las personas no son sujetos de Derecho Internacional y, en consecuencia, no podrían demandar si la contaminación ocasionada por otra nación le afectara en su persona o en sus bienes, que pueden ser desde la tierra, el agua, flora y fauna, u otros. Contaminación Transfronteriza El caso de los basureros nucleares existentes en los límites de Texas y México representa una de las situaciones en donde se causan daños a las fronteras, o como se denomina técnicamente contaminación transfronteriza, y en las que no existen todavía tratados internacionales que señalen obligaciones de los Estados para prevenir o reparar los daños de carácter ambiental que trasciendan sus fronteras. Tienen una regulación en los tratados bilaterales, y por la vía de la responsabilidad internacional de carácter objetiva, se establece que, si se produce un daño transfronterizo, existe responsabilidad del Estado que lo produce, aún cuando el comportamiento sancionado no tenga carácter antijurídico, aunque no todo daño sin violación de la normatividad internacional tiene por consecuencia una responsabilidad. Ante actividades consideradas ultrarriesgos, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que está en proporción con dichas actividades. En materia ambiental, las medidas preventivas involucran a los tres órganos de un Estado: al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. La debida diligencia hace referencia a la responsabilidad que tiene el Estado de no contaminar y de aplicar las medidas de carácter legislativo y administrativo con las sanciones civiles o penales correspondientes, pero el Estado deberá actuar con congruencia y no limitarse a expedir normas. En caso de existir daño, aún con la debida diligencia, es posible responsabilizar al Estado por el riesgo creado; es decir, habrá responsabilidad por la vía de la responsabilidad objetiva. Los límites de este tipo de responsabilidad se ubican en los excluyentes de responsabilidad; y son los que constituyen casos de fuerza mayor, caso fortuito y estado de necesidad. Obligaciones de los Estados Derivadas de la costumbre y de los tratados internacionales, existen una serie de obligaciones de los Estados para proteger el medio ambiente, que en algunos documentos internacionales están conceptuados como principios jurídicos: I. Deber de prevención. Significa que el Estado tiene la obligación de evitar que el uso del territorio estatal, sea por agentes públicos o privados, cause perjuicios de cierta gravedad en territorios de otros Estados o en zonas fuera de una jurisdicción estatal. Su fundamento lo encontramos en el caso del Canal de Corff, donde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) reconoce la obligación, para todos los Estados, de no dejar que se utilice su territorio para realizar actos contrarios a los derechos de otros Estados. También encontramos esta obligación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de 1972, que en su principio 21 dice: De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Hay una obligación que esta doctrina reconoce, que es de carácter consuetudinario, de observar la debida diligencia. El Informe de la Comisión de Medio Ambiente, de octubre de 1984, de la Organizacón de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) contiene esta obligación, así como en el proyecto de Convención de la Diversidad Biológica. En los artículos 3-1 y 2, referentes a sus Principios Fundamentales, encontramos la obligación de: · Conservar la diversidad biológica como preocupación común a toda la humanidad. · Explotar los recursos naturales de acuerdo con políticas propias, asegurando su conservación para la utilización perdurable de dichos recursos. · Realizar esas actividades en las zonas de su jurisdicción o bajo su control, y no podrán afectar la diversidad biológica de otros Estados o de zonas protegidas, así como fuera de los límites de sus jurisdicciones nacionales. Dentro de esta obligación, se ubica también la realización de planes de prevención contra accidentes de contaminación transfronteriza. II. El uso equitativo y razonable. Esta obligación se deriva del deber de actuar con la debida diligencia y se refiere a la práctica consagrada por los Estados, relativa a utilizar racionalmente los recursos de su territorio. Los Estados tienen la obligación de cooperar a través de diferentes mecanismos, entre los que se cuentan los acuerdos de carácter multi o bilateral, la legislacón interna, o la creación de organismos regionales o multilaterales. Asimismo, existe la obligación de resolver por la vía de la negociación las controversias que en esa materia se susciten. La Contaminación Masiva: Crimen Internacional Por lo general, se han dado dos tipos de violaciones de la normatividad internacional: los crímenes internacionales y otras violaciones, más simples, de las obligaciones internacionales. Esta diferencia se refleja en el proyecto que prepara la Comisisón de Derecho Internacional de la ONU sobre la responsabilidad internacional de los Estados. La contaminación ambiental es considerada un crímen; en su artículo 19, afirma que: [ una violación simple es] un acto de un Estado que constituye una violación de una obligación internacional, es un acto ilícito internacional, independientemente de la materia o del sujeto de la obligación infraccionada (...) [ y un crimen es] un acto ilícito internacional producido por la violación de un Estado de una obligación internacional tan esencial para la protección de los intereses fundamentales de la comunidad internacional, que su violación es reconocida como un crimen por tal comunidad en su conjunto, y constituye un crimen internacional (...) [en consecuencia, un crimen puede resultar en] una seria infracción de una obligación internacional de importancia esencial para la salvaguarda y preservación del ambiente humano tal como aquellas prohibiciones de contaminación masiva de la atmósfera o del mar . Consecuencias de la Responsabilidad Internacional El violador de la normatividad internacional tiene la obligación de cesar en la realización de la conducta violatoria que esté ocasionando los daños; y, si es posible, restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación y, si no lo es, indemnizar por la vía de compensación monetaria. En caso que se diera daño por contaminación en espacios internacionales, pareciera que solamente la presión de la opinión pública internacional podría ejercer una presión contra el causante del daño. Un problema importante es la imposibilidad de evaluar los daños causados a la naturaleza, como los efectos que ocasiona la radiación en caso de desastre nuclear, ya que las secuelas se presentan a través de muchos años, tanto en las personas como en la naturaleza. Fondo para Indemnizaciones Un ejemplo de mecanismos idóneos para resarcir en caso de daños,
lo constituye el Fondo Internacional de Indemnización de Daños
Causados por la Contaminación de Hidrocarburos. Nace en la Organización
Marítima Internacional (OMI), elaborado por su comité jurídico
y tiene por objetivo otorgar una indemnización por daños
debidos a la contaminación por hidrocarburos y dar ayuda a los propietarios
de los buques respecto de la carga financiera adicional que les impone
el Convenio de Responsabilidad Civil de 1969. Presta asistencia a los Estados
miembros que estén amenazados o afectados por contaminación
originada por hidrocarburos, que puede consistir en asistencia técnica
especializada, material y créditos. Fuente: Comisión de Ecología de Mexico |
