Seguridad Medioambiental y Protección del Entorno

Las eléctricas pagan la incertidumbre sobre Kioto

Si hay algún sector que se verá directamente afectado por el cambio de inquilino en La Moncloa, ése es el eléctrico. Lo tenían asumido desde hace tiempo los empresarios del kilovatio, dada la diferencia de criterios del PP y el PSOE sobre el asunto más importante del año para la industria española: el Protocolo de Kioto.

Sólo a partir de este hecho puede entenderse el batacazo en Bolsa de las grandes eléctricas. Antes de la victoria socialista ya había dudas en el mercado sobre la decisión que tomaría el Gobierno del PP en materia medioambiental. Un respaldo estricto de los compromisos de Kioto afecta a las empresas que emiten más gases contaminantes. Y beneficia a las que llevan la delantera en la inversión en energías verdes. En el primer grupo están Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo. O sea, todas menos Iberdrola, que, acompañada por los nuevos competidores que están entrando en la Península, defiende un parque de generación eléctrica con poco carbón y muchas centrales eólicas y de gas (ciclos combinados).

Energía 'verde'

Todo cambia a raíz del triunfo electoral del PSOE, cuyos responsables han dejado bien clara su apuesta por la energía verde. De hecho, el partido socialista firmó un pacto con Los Verdes poco antes de los comicios. Basta con echar una ojeada a las cotizaciones de las eléctricas para comprobar que hay un temor real entre los inversores. No es casualidad que las acciones de Endesa sufrieran ayer la segunda mayor caída del Ibex 35: un 6,8%. Tampoco es casual que Iberdrola fuera la empresa del sector eléctrico que menos perdió: un 3,5%, mucho menos que su rival Unión Fenosa, que cerró la jornada con una bajada del 5,2%.

Asegura Endesa que el cumplimiento a rajatabla de Kioto -limitar un 15% las emisiones de CO2 en 2010 frente a los niveles de 1990- podría incrementar los costes del sector en más de 1.200 millones de euros al año. Todo lo contrario piensan en Iberdrola, cuyos técnicos cifran en 9.000 millones el impacto económico del incumplimiento durante la próxima década.

El Gobierno se había comprometido a repartir antes de abril unos derechos de emisiones entre los afectados, una especie de límites individuales para contaminar. Pero el nuevo escenario político retrasará la aprobación del Plan de Asignaciones. Ahora le toca al futuro ministro de Economía decidir el criterio a seguir para efectuar el reparto. Hay dos opciones: castigar a quien más contamina o incentivar de algún modo a los menos preparados para asumir Kioto.

Algunos analistas auguraban ayer que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respaldará sin lugar a dudas el Protocolo, lo que podría perjudicar al grupo de eléctricas encabezado por Endesa. Eso sí, también se tiene claro en el sector que el nuevo gabinete no será radical en su política medioambiental, puesto que un posible incremento de los costes empresariales alentaría el fantasma de la deslocalización industrial.

Fuente: El Mundo
Abril de 2004