Fuente: NA | Julio 05, 2018 Recomendar esta nota Recomendar
Frenan en la justicia el plan para incinerar basura

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Frenan en la justicia el plan para incinerar basura

La Justicia porteña suspendió la autorización para que el Gobierno de la Ciudad pueda incinerar residuos, según fuentes oficiales.Lo dice un fallo de la jueza Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo porteño, que ordena la "suspensión inmediata de los efectos de la ley 5.966", aprobada por la Legislatura en mayo.

Ambientalistas y cartoneros se oponen a esa norma porque afirman que el sistema que respalda afecta a la salud y al medio ambiente, y temen por las fuentes de trabajo de recicladores.

La ONG Greenpeace también indicó que es caro.El de la basura es un problema clave. Aunque se hicieron campañas en Capital y se entierran menos desechos, el Área Metropolitana está rezagada, lo que se recicla no es suficiente y advierten que en cinco años el relleno sanitario colapsará.  

La ley 5.966, del 3 de mayo, modificó a la 1.854, de Basura Cero, de 2005, al autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios.

La demanda fue presentada por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, la Cooperativa El Ceibo, la Cooperativa de Trabajo El Álamo, la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas, la Cooperativa de Trabajo Reciclando Trabajo y Dignidad, la Cooperativa del Sur, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Greenpeace Argentina.

Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que la patrocinó, en los fundamentos de la sentencia figura que las cuestiones ambientales tienen dispuesto que el procedimiento legislativo sea el de doble lectura y no se cumplió.

El fallo, agregaron las fuentes, también indica que el Plan Urbano Ambiental dispone que debe aprobarse un Código Ambiental para poner en marcha las acciones ordenadas en dicho Plan. "Sobre la base de esta obligación constitucional incumplida desde el año 1996, tanto por el GCBA y por la Legislatura de la Ciudad, se ha construido la costumbre de que los proyectos que involucran materia o asuntos medioambientales, se legislan porprocedimiento común, una verdadera corruptela", señalaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Tras aprobarse la ley en cuestión, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público dijeron a Clarín que es más barato recuperar el material reutilizable que quemarlo. Y desde el oficialismo en la Legislatura indicaron que esa norma garantiza que los reciclables no serán incinerados. Pero para ambientalistas este punto no está claro.

De hecho, las cooperativas de recuperadores urbanos, que reúnen a 5.500 trabajadores, indicaron que temen que se quemen también reciclables: entonces se quedarían sin trabajo.  

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