Fuente: La Nación Abril 1, 2011 | Abril 15, 2011 Recomendar esta nota Recomendar

La reina de los residuos bonaerenses

Covelia SA es una de las mayores empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires dedicada a la recolección de residuos. Tiene contratos con 12 municipios y con el Mercado Central. Su director es Ricardo Depresbeteris, empresario que pasó de chofer de un ejecutivo de Techint a multimillonario con inversiones en Puerto Madero.

La justicia suiza bloqueó un depósito de casi US$ 1.800.000 realizado en una cuenta de la empresa en el Standard Chartered Bank, de Ginebra. Lo considera sospechoso de lavado de dinero. La presunción de que se pudo haber movido dinero negro en esas cuentas se basa en las informaciones periodísticas sobre las causas que enfrenta Moyano en la Argentina y en los supuestos vínculos del líder sindical con la compañía. Tanto Covelia como Moyano negaron tener nada que ver entre ellos, pero intendentes bonaerenses y funcionarios de la provincia de Buenos Aires aseguran que el gremialista presiona para que la empresa sea favorecida con contratos.

Por esa razón, según se indicó, los suizos pidieron a la justicia argentina que los informara sobre las causas que tramitan aquí contra los Moyano.

Representantes de Covelia presentaron ante la justicia suiza balances y declaraciones juradas de los últimos seis años, en los que indicaron que facturaron unos 25 millones de dólares, según dijeron fuentes de la empresa a la agencia DyN. La compañía contrató un estudio de abogados en Suiza mediante el cual presentó ante la Fiscalía General esa documentación.

La empresa se había presentado primero el 23 de marzo pasado ante el juez Norberto Oyarbide, a cargo del exhorto enviado por Suiza, pero el tribunal le devolvió la documentación e indicó que tenía que remitirla a la justicia de Suiza, a cargo de la causa por el presunto lavado de dinero. Un abogado de la empresa viajó a Suiza; contrató un estudio jurídico e hizo llegar la información a la fiscalía helvética, según dijo la compañía, que reconoció la existencia de la cuenta con US$ 1.800.000.

Su idea es probar que el dinero no tiene un origen ilícito ni proviene de casos de corrupción que se tramitan en la Argentina, sino que es producto de la facturación de la compañía dedicada a los residuos.

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